UE: Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial

 

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial.

El objetivo de la propuesta es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de valor globales. Las empresas desempeñan un papel clave en la construcción de una economía y una sociedad sostenibles, por lo que se les exigirá que identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, pongan fin o mitiguen los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y sobre los derechos humanos. el medio ambiente, por ejemplo la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Para las empresas, estas nuevas normas aportarán seguridad jurídica y igualdad de condiciones. Para los consumidores e inversores proporcionarán más transparencia. Las nuevas normas de la UE impulsarán la transición verde y protegerán los derechos humanos en Europa y más allá.

Las afectadas son empresas con sede en la UE con una media de más de 500 empleados y una facturación neta mundial de más de 150 millones de euros en el ejercicio financiero. así como con

determinadas restricciones, empresas con una media de más de 250 empleados y más de 40 millones de euros en ventas netas a nivel mundial en el ejercicio financiero anterior al último ejercicio financiero, pero no más de 150 millones de euros en ventas netas y 500 empleados.

Para llevar a cabo una debida diligencia ambiental y de derechos humanos adecuada en sus operaciones, sus subsidiarias y sus cadenas de valor, las empresas deben integrar la debida diligencia en sus políticas corporativas para identificar, prevenir y mitigar los riesgos relacionados. Además, las empresas deben establecer y mantener procedimientos de presentación de quejas adecuados, supervisar la eficacia de las medidas adoptadas e informar públicamente sobre su debida diligencia.

Las empresas afectadas deberán neutralizar o minimizar el alcance de los impactos adversos, incluso pagando daños a las personas afectadas y compensaciones financieras a las comunidades afectadas. La respuesta debe ser proporcional a la importancia y magnitud del impacto adverso y a la contribución del comportamiento de la entidad al impacto adverso.

La directiva obliga a los Estados miembros a establecer las sanciones legales correspondientes. Las sanciones tienen como objetivo castigar las infracciones cometidas por empresas que no toman las medidas necesarias. Las sanciones propuestas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.